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El secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, reiteró el
compromiso del gobierno de la República con la legalidad y la democracia
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El secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, reiteró el compromiso del gobierno de la República con la legalidad y la democracia, por lo que se acatará la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto para evitar que se haga mal uso de los programas sociales en el proceso electoral del presente año.
En el marco de la firma
del Adendum para coordinar acciones y estrategias de apoyo en materia de
blindaje electoral, dijo que se hará efectivo dicho procedimiento “en todas
nuestras delegaciones, en nuestros programas, en cada comedor comunitario,
estancia infantil, lechería o tienda rural”.
Ante el subprocurador
Jurídico y de Asuntos Internacionales y Encargado de Despacho de la
Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán; la secretaria de
la Función Pública, Arely Gómez González; el Fiscal Especializado para la
Atención de Delitos Electorales, Héctor Marcos Díaz Santana, y el Consejero Presidente del Instituto
Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, como testigo de la firma, el
secretario Eviel Pérez Magaña destacó la importancia de dicho instrumento y su
esfuerzo interinstitucional para garantizar la aplicación transparente e
imparcial de los recursos públicos.
“Para nosotros, en la
Secretaría de Desarrollo Social, el blindaje electoral es un tema que nos
tomamos muy en serio, porque es una obligación normativa y por la cercanía que
tenemos con diversos sectores de la población en todo el territorio nacional”,
señaló.
Al afirmar que los
comicios del 2018 serán los más complejos en la historia de México, el
responsable de la política social del país destacó que desde hace dos décadas
la alternancia y la pluralidad forman parte de nuestra realidad política. “Hoy
México se construye con la participación de muchas voces y eso nos fortalece
como sociedad y enriquece nuestro proyecto de nación”, puntualizó.
Estamos obligados, dijo,
“a cuidar estos avances democráticos, y de ahí la importancia de los esfuerzos
que realizamos para que el proceso electoral de este año sea un acontecimiento
ejemplar, transparente y apegado a Derecho. Por ello, celebro que nos hayamos
reunido aquí para firmar este Adendum al Convenio de Colaboración con la
Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la
Fepade”.
A su vez, la secretaria
de la Función Pública, Arely Gómez González, destacó el compromiso para
fortalecer la participación de la Contraloría Social en la vigilancia de
recursos públicos etiquetados para programas federales de desarrollo social. La
Contraloría Social, explicó, es un mecanismo de colaboración ciudadana, en el
que los beneficiarios de dichos programas monitorean el uso de los recursos.
En ese marco, convocó a
ciudadanos, medios de comunicación y a la sociedad civil a participar en la
vigilancia de la correcta utilización del dinero público y a utilizar los
mecanismos de denuncia, en caso de un fin distinto a los programas de
desarrollo social.
Durante 2017, informó,
dependencias de la Administración Pública Federal tenían constituidos más de 78
mil comités de Contraloría Social en 34 mil localidades de las 32 entidades
federativas.
En su oportunidad, el
fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Héctor Marcos
Díaz Santana, puntualizó que con este documento “queremos que los nexos entre
instituciones y democracia aseguren y garanticen la equidad en la contienda
electoral, una democracia de calidad, fundada en el respeto a las reglas, la
transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana”.
Dijo que este blindaje
electoral permitirá que las instituciones ofrezcan certeza a la sociedad y que
los recursos públicos mantengan su ruta original que es: ofrecer bienes
públicos y servicios para atender las necesidades de los grupos sociales en
condición de vulnerabilidad.
Por su parte, el
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que el Adendum “es
una buena noticia para la equidad y el desarrollo del proceso electoral más
grande que hayamos vivido en nuestra historia democrática”.
Lo que subyace en este
instrumento, dijo, es un compromiso público de las instituciones firmantes para
impedir que los servidores públicos se beneficien electoralmente de su acceso a
los recursos del Estado y evitar que los programas sociales se conviertan en
una fachada para encubrir intereses partidistas o personales.
Córdoba Vianello resaltó
que las reglas del juego democrático establecen roles diferenciados para las
autoridades gubernamentales, las instituciones electorales, los partidos y
contendientes, así como para organizaciones de la sociedad y la ciudadanía.
El objetivo de este
instrumento es garantizar la absoluta imparcialidad en el uso de los recursos
públicos durante los comicios que se realizarán en toda la República.
Cabe señalar que el
documento firmado en las instalaciones de la Sedesol, incluye acciones de
vigilancia y supervisión encaminadas a que ninguna persona condicione la
entrega de recursos y apoyos a cambio del voto, el acompañamiento en el
resguardo de inmuebles y parque vehicular los días previos a la jornada
electoral, así como las acciones de capacitación en materia de blindaje
electoral y causas de responsabilidad administrativa de los servidores
públicos. Dichas acciones están orientadas a fomentar la cultura de la
legalidad, la prevención del delito y el combate a la corrupción.
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